El colmo. Ahora resulta que el Tribunal Constitucional (TC) le ha jalado las orejas al Congreso de la República, pues vía una sentencia lo ha exhortado para que antes del 15 de diciembre --cuando termina la legislatura-- apruebe lo que tiene listo en agenda desde hace tres meses: la ley marco del empleo público.La importancia de esta norma legal es clave, pues pondría orden al "verdadero caos" que hoy existe en la administración estatal y que se refleja en múltiples organismos y sistemas de pago de personal, una dispersión de conceptos remunerados y no remunerados, así como en una gran variedad de montos.Es decir, si el Parlamento aprueba esta norma acabaría con la iniquidad remunerativa que afrontan los servidores del Estado en sus diversas jerarquías y con las diferencias entre las propias instituciones públicas.Como ejemplo de la situación, basta saber que actualmente hay unos 60 mil trabajadores públicos que prestan labores bajo la modalidad de servicios no personales, con contratos que vencen cada dos o tres meses, y que no gozan ni de seguridad social ni de compensación por tiempo de servicios ni vacaciones.Lo raro es que desde el 28 de junio pasado están listos para discutirse en el pleno los dictámenes sobre este tema que han elaborado las comisiones de Descentralización y Trabajo.