La transferencia de recursos de la Municipalidad de Lima Metropolitana a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), merced a un convenio firmado entre ambas instituciones, deja en evidencia que los procesos de contratación y adquisiciones que realizan las entidades del Estado siguen siendo uno de los pilares más débiles en la administración de recursos económicos y administrativos de dominio público.En este caso, el municipio suscribió el acuerdo en el año 2003, pero nunca se preocupó por difundir sus alcances ni el monto de los recursos que transferiría a la OIM. Pero esta carencia de transparencia va más allá del concejo metropolitano, pues también alcanza a Essalud y al Gobierno Regional de Tacna, que tienen convenios vigentes con OIM, y a otros organismos como el Ministerio Público, los ministerios de Vivienda, Transportes y Comunicaciones y del Ambiente, con los que han desarrollado o están desarrollando programas a favor de poblaciones consideradas en riesgo.Lo oscuro en este asunto es que no se sabe cuántos recursos económicos están comprometidos en los acuerdos con la OIM, cuánto personal recibe sus sueldos por participar en los programas auspiciados por este organismo y cuánto de ese personal trabaja realmente en la ejecución de esos programas.Esto último es muy importante, porque ahora está sucediendo que bajo el pretexto de contratar personal para que desarrollen programas de OIM, se están financiando altos sueldos de funcionarios que realizan labores de asesoría o de otra índole ajena a los proyectos acordados.Las relaciones del municipio de Lima y de la OIM deberían poner en la agenda del Congreso y de los ministerios que les compete la necesidad de reforzar la política de adquisiciones y contrataciones, de introducirles mejoras a las normas existentes, para que no solo se actúe con transparencia y control, sino también con eficiencia, y de esta manera evitar que el Estado peruano sea el perdedor en las negociaciones contractuales que emprende.
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