La Defensoría del Pueblo registró en su último reporte del mes de febrero que unas 68 empresas de minería, energía e hidrocarburos tienen conflictos activos con comunidades en las zonas donde operan o realizan estudios. De este total, unas 30 empresas no habrían promovido diálogos -o tienen diálogos suspendidos- con las comunidades.Según el reporte de la Defensoría de agosto del 2010 (antes de las elecciones municipales), unas 80 empresas mantenían conflictos sociales.Las empresas que enfrentan esta situación en febrero de este año son Minas Buenaventura en Áncash (por nulidad a concesión La Joya), Southern Copper en Apurímac y Arequipa, Minera Catalina Huanca en Ayacucho; Minera Consolidada de Hualgayoc, Colquirrumi, Minera Sulliden en Cajamarca, Minera Rio Blanco en Piura y otras mineras que operan en yacimientos de Madre de Dios, Tacna y Puno.En el rubro de hidrocarburos, no han realizado diálogos empresas como Peru LGN en Ica, TGP en Cusco, Petroperú y Petrobras; Pluspetrol y Reliance en Puno. Entre las empresas hidroeléctricas se encuentran Caraveli Cotaruse (Apurímac), Egecusco (Cusco), Fénix Power Perú (Lima) e Inambari (Cusco, Madre de Dios y Puno).
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