En el mercado interno, hasta antes del terremoto del Japón, el atraso en los precios de los combustibles estaba entre 18% (gasolinas de 84 y 90 octanos) y 30% (GLP), dado el congelamiento de la banda de precios del Fondo de Estabilización (FEPC) que decretó el Gobierno hasta fines de abril (si no lo posterga por enésima vez). De haber seguido la tendencia alcista del crudo al ritmo que venía teniendo se estimaba un costo fiscal por el subsidio superior a los S/. 2,000 millones este año. Sin embargo, algunas desgracias lamentables, como la sufrida por el Japón pueden terminar favoreciendo la situación fiscal que ya se avizoraba sombría. Japón es el tercer importador de crudo del mundo y con el terremoto su demanda ha disminuido, al punto que ha inducido una caída en el precio internacional (desde unos US$ 105 a US$ 97 el barril). De continuar esta tendencia, como todo hace suponer (la recuperación de Japón demoraría unos tres trimestres) el subsidio a los precios internos a los combustibles disminuiría, ya no se produciría el forado fiscal señalado y la inflación sería menor.Así, de manera similar al 2008, cuando la alta inflación que afrontaba el Perú (también impulsada por los precios de los commodities) desapareció con la recesión que originó la crisis mundial, ahora un factor externo ayudaría tanto a la inflación como en el resultado fiscal. Sin embargo, el FEPC adolece de varios problemas que habría que corregir para hacerlo sostenible y eficiente. Primero, es un subsidio ciego y regresivo (favorece a los que más tienen) y debería ser solo para el transporte público y para el uso residencial. Segundo, el ministro de Economía reconoce que el FEPC no es un mecanismo adecuado pero afirma que "no hay otra cosa que hacer". Sin embargo, como sugirió Macroconsult en su oportunidad, las bandas deberían construirse sobre la base de la tendencia del precio de largo plazo de los combustibles, pudiendo ser este precio el promedio móvil de los últimos 24 meses. De mantenerse el FEPC, el objetivo debería ser recobrar este mecanismo como uno de protección de la variabilidad del precio, en lugar de condenarlo a ser un instrumento de regulación de precios. Es otra de las "perlas" que heredará el Gobierno entrante.
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