Más allá de la ausencia del Estado y su indolencia para ocuparse de las carencias pavorosas que padece Madre Dios, resulta inadmisible la irresponsabilidad y negligencia gubernamental en la proliferación de la minería informal que está llevando a esa olvidada región a un desastre ecológico y social nunca antes imaginado.Y es que ahora ya sabemos, gracias a una investigación de El Comercio, que es el propio Estado el que concesiona tierras ricas en oro a un precio prácticamente de remate, irrisorio y accesible a cualquier persona, más allá de su capacidad profesional y técnica para extraer el mineral en concordancia con las normas ambientales vigentes.Nada justifica que se permita explotar una hectárea a apenas US$1 por año, menos que bajo esa modalidad estén en funcionamiento 3.204 concesiones que amenazan a una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo. Lo peor es la peligrosa flexibilización de trámites que la ley concede, así como la falta de control y supervisión. Si bien el concesionario minero tiene la obligación de obtener un permiso por el uso del terreno superficial (del Estado o la comunidad), otro para el uso del agua (de la Autoridad Nacional del Agua) y un estudio de impacto ambiental, nadie cumple con estos requisitos. En otras palabras, hecha la ley, hecha la trampa. Llama la atención que este gobierno destruya las dragas que deterioran los lechos de los ríos, pero no haya hecho algo para frenar la proliferación de estas concesiones, tan o más perjudiciales para el medio ambiente.El tema es grave. Las concesiones se han multiplicado en los últimos cinco años, tal vez en el entendido de que así se genera trabajo y se mejoran las economías de las zonas de frontera.No obstante, una cosa no se contrapone a la otra. Si no se frena este desorden organizado, que se presta a más corrupción, pronto en el Perú no habrá recursos por concesionar.