Atención congresistas, la protección patrimonial (mecanismo legal que evita el embargo de cuentas bancarias y activos de una empresa) no tiene sentido y no se justifica para las empresas azucareras. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Ismael Benavides, precisó que tras la transferencia de las acciones que el Estado poseía en Pomalca, Tumán y Cayaltí a sus trabajadores, ya no es viable seguir aplicando esta medida."La única razón que justificaba esa protección patrimonial era que el Estado tenía acciones en las azucareras", puntualizó en Canal N.Agregó también que la razón por la cual el Estado se vio obligado a transferir sus acciones a los trabajadores es porque el Congreso puso una serie de "frenos" para que el Estado no las venda; además, que los accionistas minoritarios (Grupo Oviedo) presentaron diversas acciones de amparo para evitar que se subasten.
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