Del total de funcionarios del Estado sobre los que pesa un proceso de corrupción, la gran mayoría proviene de los gobiernos locales, seguido por los gobiernos regionales y en número muy reducido por el gobierno central, según lo establece un informe de la comisión encargada del seguimiento al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Según dicho informe, existe un total de 1,365 procesos judiciales por presunta corrupción, en los ámbitos de los gobiernos nacional, regional y local, los que fueron reportados por la Contraloría, según lo establece el cuarto informe cuatrimestral que aprobó ayer dicho grupo de trabajo que se encarga del control, seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.