El ministro del Ambiente, Antonio Brack, ha sugerido a los candidatos presidenciales abordar propuestas para enfrentar la minería informal, responsable de graves daños ecológicos por la contaminación de los ríos y el hábitat de pueblos y comunidades. Esta ilegal actividad es generadora de una inmensa evasión tributaria, además de estar involucrada en el execrable negocio de la trata de menores. El ministro Brack ha hecho un llamado para formalizar esa minería y hacerla más limpia, con un enfoque integral que permita atacar sus efectos letales, incluida la destrucción de bosques. El Perú se hace más competitivo en la medida que cumple con los estándares internacionales que garantizan la protección del medio ambiente. La minería informal en el Perú -según los expertos- ha dejado de ser actividad circunscrita sólo a Puno y Madre de Dios para extenderse a todo el territorio nacional, moviendo hasta 650 millones de dólares anuales en un mercado negro que impera en todo el país y que ocupa, al menos, a cien mil personas, equiparando increíblemente en recursos humanos al contingente que se dedica a la actividad minera formal. De otro lado, y según denuncias de estudiosos del tema, algunas de estas ilegales organizaciones importan maquinaria pesada a vista y paciencia de las autoridades.Por ello el tema reviste gran actualidad. En esa lógica, debe ser abordado por los candidatos, ya que reúne las características de un asunto de interés nacional. Si lo que se está pidiendo son debates y propuestas, la minería informal con su secuela de daños y las graves distorsiones -a la ecología y a la economía- constituye un escenario ideal para esas propuestas, ya que sus efectos inciden geográficamente en todo el país. Por lo demás, es en este campo dónde la prédica antiminera de corte radical y extremista gana terreno, precisamente porque las opciones democráticas -representadas por los partidos políticos- dejan el espacio abierto al no abordar el caso valiente e integralmente. La demanda de debates descentralizados encaja con esta problemática extendida básicamente al interior del territorio. Por eso, allí donde se encuentren focos de minería informal -fundamentalmente la que contamina el medioambiente y explota a menores- deben debatirse alternativas de formalización. En todo caso, en los diálogos electorales programados a nivel de candidatos a las fórmulas presidenciales, éstos, al igual que los aspirantes a una curul congresal no debe soslayar el tema de la minería informal. La minería formal cumple un extraordinario aporte al desarrollo, tanto más estratégico si consideramos que existen proyectos por diez mil millones de dólares para los próximos dos años, y del orden de US$ cuarenta mil millones para el mediano plazo. En ese sentido, allí donde la minería formal se asienta -respetando el medio ambiente y aplicando estándares internacionales a la extracción y procesamiento del mineral- genera riqueza y desarrollo y debe, por eso mismo, ser apoyada y estimulada. No sucede lo mismo con la minería informal que, al contrario, afecta a la población, evade impuestos y hasta incurre en execrables delitos como el tráfico y la trata de menores de edad.