Hace bien el presidente del Poder Judicial, César San Martín, al convocar a los candidatos a la Presidencia de la República para conocer sus propuestas sobre la reforma del sistema de justicia, que arrastra serios problemas de corrupción y antiguas deficiencias funcionales y estructurales. Falta ahora que esos ofrecimientos puedan ser incorporados en una hoja de ruta consensuada para impulsar la reforma tantas veces postergada, que debe ser promovida por los jueces, pero en coordinación con los otros poderes. Hasta ahora, muchas de las recomendaciones para la modernización judicial que planteó ante el Congreso la Ceriajus, en la que participaron destacados hombres de leyes, siguen encarpetadas a la espera de la iniciativa del PJ y la decisión política en el Estado para debatirlas seriamente. Algunos candidatos han ofrecido un mayor presupuesto, impulsar la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como establecer la gratuidad de los juicios en casos de violencia familiar y contra los derechos humanos. Tan importante como ello es afirmar la autonomía jurisdiccional, acabar con la provisionalidad, ordenar los órganos de gobierno judicial, empezando por la Corte Suprema, y mejorar el sistema de control y acceso a la magistratura, donde se han detectado algunas irregularidades. La gestión del doctor San Martín ha mostrado liderazgo y apertura, que la ciudadanía reconoce, para retomar la reforma y mejorar la imagen tan venida a menos del Poder Judicial. Como hemos reiterado, no se trata de propiciar una intromisión en el sistema de administración de justicia, sino de impulsar los cambios necesarios para que todos los ciudadanos puedan contar con un servicio judicial confiable, imparcial y moderno, que aplique la ley y depure sus cuadros ineficientes y venales.