En vísperas del inicio de legislatura, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, pidió al Congreso que dé prioridad al debate del proyecto remitido por el Ejecutivo que regula la tramitación de medidas cautelares, cuya mala aplicación -reveló- ha paralizado inversiones públicas y privadas por más de US$1,500 millones y evitado la generación de nuevos empleos.En declaraciones a Perú.21, explicó que con ese fin ya inició las gestiones necesarias, a través de su coordinador parlamentario, lo que facilitaría que la iniciativa se discuta con celeridad en las comisiones de Constitución y de Justicia, a donde ha sido derivada.