Es saludable para el país y la defensa de nuestros recursos naturales que el Ejecutivo haya modificado los decretos de urgencia -puntualmente el número 001-2011- que flexibilizaban la certificación de ambiental en una treintena de proyectos de inversión. Finalmente primó la razón. Según se ha sustentado, la corrección se da en respuesta a las demandas de las regiones, que alertaron sobre los riesgos que se cernían sobre el medio ambiente si el Gobierno exoneraba a los inversionistas de la presentación de los estudios de impacto ambiental (EIA). No obstante, el rechazo era mayoritario. Los inconstitucionales decretos de urgencia fueron cuestionados por la Defensoría del Pueblo, las ONG, especialistas, obispos y miembros de comunidades amazónicas, algunos candidatos a la presidencia y la prensa. Incluso, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó en Palacio de Gobierno que "en el Perú y en otros países de la región los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo una preocupación", además de recalcar que sus aspiraciones a la consulta y la participación son legítimas. Ahora habrá que esperar el nuevo texto de los decretos que, según se ha anunciado, básicamente modifican el polémico artículo 5.3 del decreto 001-2011. Este texto señalaba que las certificaciones ambientales, para 30 proyectos de inversión, "no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial, otorgadas por dichas entidades, para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado". Luego, mediante el decreto 002-2011, se aumentó a más de 33 los proyectos priorizados, pero sin precisar cuáles serían esas inversiones. El Gobierno no debe disparase a los pies ni poner en riesgo nuestro patrimonio más invalorable: el ambiente. Cualquier iniciativa económica que lo afecte es inadmisible y podría además ser fuente de nuevos conflictos sociales.