No se necesitaba hacer un sondeo de opinión para vaticinar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) terminaría dando marcha atrás a su resolución de exigir a las encuestadoras entregar datos de sus entrevistados, ante la avalancha de críticas que generó. En efecto, ayer su presidente, Hugo Sivina, informó que el pleno de la institución acordó dejar sin efecto la polémica disposición. Esta decisión, que fue bien recibida por las empresas encuestadoras,se tomó, según Sivina, ante las opiniones discordantes que surgieron y sobre todo para evitar la perturbación del próximo proceso electoral. "No tenemos ninguna intención de interferir [en las elecciones],lo que queremos es dar seriedad", indicó Sivina. Reiteró que el único propósito de la norma dejada de lado era fiscalizar mejor a las encuestadoras, objetivo que, dijo, se mantiene en pie. Aseguró que no se trataba de un retroceso. En su nueva resolución, el JNE plantea abrir un espacio de discusión pública en torno a los mecanismos de fiscalización que deben tener las encuestas. Con ese fin justamente ha convocado a las encuestadoras y a los representantes de los partidos políticos a una reunión el 23 de febrero para debatir el tema y buscar consensos sobre la fiscalización.