No es lógico que el ISC a los combustibles, establecido como impuesto temporal y de emergencia, haya permanecido en el tiempo, al igual que el tributo a los Activos Netos. Superadas las coyunturas ad hoc, lo natural hubiera sido eliminarlos. Pero no ha sido así. El Estado, voraz e irracional, ha incorporado a ambos en su statu quo, sin comprender que aquello afecta al ciudadano. Ambos impuestos antitécnicos constituyen ingresos que se le extrae al ciudadano de sus bolsillos y de su patrimonio. Esa es su lógica depredadora. Por ello resulta indispensable su eliminación.Por ello se han alzado voces entendidas que demandan al gobierno reducir el ISC a los combustibles, aduciendo no sólo racionalidad -por su naturaleza excepcional- sino oportunidad, debido a que reduciéndolo ayudaría decisivamente a disminuir el impacto que tendría en la economía de los consumidores la cada vez más probable alza de precios de las gasolinas causada por una escalada del costo internacional del petróleo. Voceros empresariales señalan que debe llegarse a una reducción progresiva del ISC a los combustibles, para alcanzar su eliminación total en la medida en que otros impuestos adquieran peso relativo mayor, procurando no afectar así la competitividad de las empresas. Con criterio técnico e información actualizada, además de las proyecciones necesarias, debe adoptarse una decisión alejada de motivaciones políticas que desnaturalizan el enfoque y las alternativas. Cabe recordar que el ISC a los combustibles fue creado como tributo temporal, cuando en 1970 súbitamente se triplicó el precio del petróleo, provocando que el gobierno tomara medidas para desincentivar el consumo de los combustibles y disminuir la importación de hidrocarburos. No sólo han pasado los años sino que la coyuntura y las variables han cambiado -Perú se autoabastece de casi la mitad del combustible que requiere, proveniente del gas natural que se extrae en Camisea-, por lo que se necesita ponderar su reducción y/eliminación al efecto de transmitir una buena señal a los consumidores y al mercado. Nuestra estabilidad macroeconómica, la política de crecimiento sostenido con apertura comercial y promoción de las inversiones, sumado al gas de Camisea, va configurando paulatinamente el ordenamiento de nuestra economía. Y con ello, el cese de todas sus irregularidades, vacíos y contradicciones, como son los impuestos transitorios y antitécnicos. Lo avanzado permite los afinamientos del caso con criterio y mesura, observando su efecto en las grandes variables económicas y su impacto en las condiciones de vida de la ciudadanía. El desorden que caracteriza a las economías improvisadas -y las de corte populista que sólo atienden la coyuntura sin sentar bases sólidas para el crecimiento- hace cada vez más difícil tomar medidas de saneamiento. Por el contrario, una economía sincerada, estable, y que trata de apuntar al desarrollo de todas las potencialidades del país -en función a las demandas de los mercados y a las necesidades de la gente- necesariamente debe ir corrigiendo los desórdenes, marcando una ruta segura y confiable. Reducir el ISC a los combustibles es, pues, una demanda sensata, realista y oportuna. Como en el caso del IGV tendrá consenso y será una buena medida para los consumidores.