"Estuve con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones el viernes [de la semana pasada], la norma apareció el sábado y no comunicaron nada". La explicación del director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, Fernando Tuesta, es clara: el órgano electoral no consultó a las encuestadoras y entidades que realizan sondeos o estudios de mercado sobre la modificación del artículo 8 del Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras. Como se sabe, el cambio obliga a las consultoras de opinión a entregar al JNE los nombres, DNI, teléfono y dirección de sus entrevistados, lo que generó un reclamo generalizado por parte de los representantes de las encuestadoras, sobre todo porque se dio en pleno proceso electoral.Ante ello, la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (Apeim) se reunió la noche de ayer. Tras el encuentro, informó, a través de un comunicado, su rechazo a la medida y que solicitará al órgano electoral que, por razones jurídicas y técnicas, deje sin efecto la modificación del mencionado artículo del reglamento.También comunicó que, si se mantiene el cambio, "las encuestadoras se verán impedidas de publicar encuestas sobre intención de voto, puesto que rehúsan a ponerse en la posición de obligar al encuestado a perder el anonimato de su opinión política y a asumir la distorsión que ello implica en la representatividad de las encuestas".