A mediados del 2010 se reunieron las principales cabezas de los órganos de inteligencia para elaborar la llamada lista blanca de los capos del narcotráfico de nuestro país. En la cita, hasta ahora secreta, se puso énfasis en objetivos de cuello y corbata que se movieran como pez en el agua en el mundo de los empresarios, que tuvieran como asalariados a políticos y personajes públicos, que gastaran fortunas en contratar a abogados de peso y asesores mediáticos y que hubieran dejado en el pasado sus correrías por los valles cocaleros del Perú. El Comercio accedió al documento reservado de aquella lista, llamada "Actualización de la relación de personas registradas, identificadas y señaladas como dirigentes o jefes del tráfico ilícito de drogas (TID) a nivel nacional e internacional", o también conocida como el Kingpin Act peruano (en referencia a una relación similar del Gobierno de Estados Unidos). En esta lista aparece por primera vez el nombre de Adolfo Carhuallanqui Porras, que se conoció en el 2009, cuando la Dirandro les comenzó a seguir la pista a sus compañías de importación de vehículos y, luego, a su empresa aérea Peruvian Airlines.