La decisión del gobierno, confirmada ayer por el Congreso, de rebajar a 18% el Impuesto General a las Ventas (IGV) ha sido sorpresiva. Pocos cuestionan lo beneficioso de reducir tributos, pero la mayoría de expertos considera que, en este caso, se trata de una medida aislada que difícilmente logrará reducir la inflación -como aduce el gobierno-, además de ser inoportuna políticamente.En tanto, la iniciativa paralela de reducir en 90% el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que cumple una función de fuente de información más que de recaudación, ha sido recibida positivamente, aunque se esperaba su eliminación.En lo que se refiere al IGV, ¿es posible que esta medida pueda aplacar las presiones inflacionarias importadas desde los mercados internacionales de commodities, como la harina de trigo y el petróleo? Pues difícilmente, por el modo como se integra y se cobra el IGV, ya incluido en el precio final, lo que beneficiaría principalmente a los intermediarios. Lo que sí habría, sin embargo, será una mayor cantidad de soles fuera del Estado. En tal sentido, algunos economistas aducen que una baja de impuestos es una medida de incentivo que, en un contexto de crecimiento acelerado de la economía (casi 8% solo en el primer trimestre, según el MEF) y de la demanda interna, podría generar inflación en vez de mayor bienestar.Para un país como el Perú, en la posición 86 en Rubro Tributario del ránking Doing Business 2011 del Banco Mundial, una reducción tributaria debería hacerse de modo proporcionado, sólido e integral, lo que no parece haber sucedido ahora.¿Qué es, entonces, lo que busca el gobierno con esta medida? ¿Por qué, a cinco meses del término del mandato, se decide bajar el IGV, que financia el 49% de las arcas fiscales? Todo esto se presta a suspicacias y evidenciaría la intencionalidad política del oficialismo palaciego de marcar la agenda electoral, al intervenir en un tema propuesto y debatido previamente por varias agrupaciones en la actual campaña. El ministro Ismael Benavides, un profesional de prestigio, ha descartado presiones políticas, pero no podemos olvidar que más de una vez ha estado visiblemente expuesto a ellas, como en noviembre pasado, cuando recibió en su despacho a varios parlamentarios apristas justo cuando se estaba discutiendo en el pleno del Congreso el Presupuesto Público del 2011.Tenemos que reconocer que este gobierno fue elegido para administrar el país hasta el 28 de julio del 2011. Pero, al mismo tiempo, subrayamos que hay usos, compromisos y reglas acatadas en el sistema democrático que señalan que, así como el gobierno saliente no puede gastar frenéticamente los recursos del Estado en su última etapa, tampoco puede borrar de un plumazo ingresos futuros, sin pensar en las consecuencias para el país. Ello además de distorsionar el presupuesto actual, restaría margen de maniobra y gestión al gobierno entrante. Más de un candidato, recordemos, había planteado tomar acción sobre los impuestos, y para muchos, la decisión del MEF y del gobierno es una jugada más en el ajedrez electoral, cuyos riesgos deben advertirse, de modo objetivo e imparcial.En este delicado contexto, reiteramos la invocación a los candidatos para hacer de esta campaña una de propuestas programáticas y de respeto al contendor y al ciudadano. Al gobierno, en tanto, le corresponde asumir su responsabilidad y mantener su posición de estricta neutralidad y buen uso de los recursos del Estado, para culminar positivamente su período y asegurar una impecable alternancia democrática.