La mayoría de candidatos presidenciales ve a la minería como la piñata a la que hay que reventar para buscar más y más dinero. Así entre sus grandes ideas han planteado duplicar las regalías y crear un impuesto a las "sobreganancias", un término que nadie sabe explicar ni justificar. En fin, como siempre he dicho, se quiere matar a la gallina de los huevos de oro en nombre de la "justicia redistributiva".Pero ahora quiero advertir algo mucho más serio. Existe una campaña sistemática proveniente de grupos que viven de la extrema pobreza para incorporar en el debate electoral medidas anti inversión. El ministro del Ambiente, Antonio Brack, ha sido una de sus últimas víctimas, a quien se le viene acusando ligeramente de defender un decreto "inconstitucional" que "abre las puertas a la corrupción" (decreto que prioriza 33 proyectos de infraestructura).Así, la consigna de estos espantapájaros de la inversión es, a como dé lugar, paralizar todo tipo de proyectos que busquen elevar la calidad de vida de la población, sobre todo en el área rural. El ejemplo de Tambogrande, donde las ONG antimineras expulsaron a la minería formal y hoy es el reino de la ilegalidad y la contaminación, puede volverse a repetir en otros puntos del país.Por ello, resulta importante que los candidatos estén alertas sobre este nefasto intento de sabotear procesos en nombre de "naturaleza" y de la "moral", un doble rasero que esconde el interés de grupos antidesarrollo preocupados por mantener un status quo que le reporta jugosas ganancias, en nombre de los pobres del Perú, señala José Luis Patiño.