El Ejecutivo tomó la iniciativa y decidió poner freno al inescrupuloso abuso de las medidas cautelares, por ejemplo para paralizar proyectos de inversión y obras públicas, o permitir el funcionamiento de discotecas, casinos y tragamonedas, ómnibus-camión y hasta cuotas de pesca de anchoveta. Y esos abusos no solo se han dado en el sector público sino también en el privado con el fin de interrumpir operaciones bursátiles, sentencias judiciales y hasta arbitrajes.Para evitar que sigan esos gravísimos excesos, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley con el fin de que las medidas cautelares en procesos constitucionales (amparo, hábeas corpus, entre otros) sean otorgadas solo en Lima y previo depósito de una caución. Asimismo, antes de aprobarlas, los jueces deberán citar a la parte demandada. Ahora que ese proyecto será discutido en el Congreso de la República, habría que debatir la pertinencia de que solo se permita ese trámite en el distrito judicial de Lima, como lo han solicitado diversos juristas.Además, debe reconocerse una mayor responsabilidad para el juez que otorga una medida cautelar y sanciones ejemplares cuando el recurso sea revocado por la existencia de graves irregularidades.Luego, una medida cautelar es un recurso excepcional y temporal que procede para evitar un daño que se consumaría si se espera un proceso regular. Y esa temporalidad debe ser respetada escrupulosamente. Además, debe evitarse el llamado ‘ruleteo’ o la presentación de sucesivas de acciones de amparo, con la esperanza de que una de ellas sea aceptada. Asimismo, debemos subrayar que estos cambios, apoyados por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, no tendrán el resultado esperado si continúa la corrupción en la administración de justicia. A los jueces prevaricadores hay que denunciarlos, sancionarlos y expulsarlos del Poder Judicial.