La ministra de Justicia, Rosario Fernández, aseguró que los decretos de urgencia 001 y 002-2011, referidos al desarrollo de 33 proyectos de inversión, no eliminan el requisito del estudio de impacto ambiental, como lo advirtieron ciertas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo.Señaló que existe una lectura equivocada del tema, pues los decretos de urgencia lo que hacen es dar facilidades para acelerar los trámites y realizarlos en forma paralela, pero asegura que en ningún caso se podrá aprobar un proyecto que no cuente con la conformidad medio ambiental.