Pese a las contundentes críticas que los Decretos de Urgencia 001 y 002 -que dictan facilidades para la realización de 33 proyectos de inversión- han generado en las últimas semanas, ayer, el Consejo de Ministros ratificó dichas normas, las cuales eliminan los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y darían carta libre, por ejemplo, a la construcción de la Hidroeléctrica de Inambari.Dicho anuncio generó el inmediato rechazo tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de la Defensoría del Pueblo, que considera los decretos inconstitucionales y exhortó al Congreso de la República a ejercer las facultades de control de la constitucionalidad de las mencionadas medidas."En los referidos decretos no se señala con precisión cuáles son las consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican su expedición (...) Por consiguiente, al no haber justificado su excepcionalidad y necesidad, los referidos decretos de urgencia serían inconstitucionales por la forma", señaló la institución.