A pesar de que el Ejecutivo y la agencia encargada de los procesos de inversión, Proinversión, han asegurado que los 33 proyectos que se priorizaron este año sí contarán con estudios ambientales, la Defensoría del Pueblo insistió en que los decretos de urgencia 001 y 002 convertirán ese requisito "en una mera formalidad administrativa, lo cual es inaceptable para la institución".La defensora Beatriz Merino advirtió que la certificación ambiental ya no será un requisito previo para obtener una licencia de uso de agua, como lo establece la Ley de Recursos Hídricos."Tampoco será necesario para otorgar una concesión definitiva a una hidroeléctrica. Debemos recordar que el 30% de los conflictos reportados está vinculado al manejo de agua y recursos hídricos", sostuvo.