El Ejecutivo ha vuelto a declarar como prioritarios los procesos de promoción de la inversión privada en 30 proyectos (que luego amplió a 33) de inversión pública, de los cuales nueve ya tenían ese tratamiento. Es el tercer año consecutivo en que se aplica este criterio, que pretende agilizar la entrega en concesión: en el 2009 fueron doce y el año pasado, 20, de los cuales lograron concretizarse solo seis.A pesar del relativo poco éxito que ha tenido dicha política, llama la atención que, en lugar de concentrarse en aquellos que no pudieron culminarse, se insista en ampliar la relación de proyectos (más aún, cuando a este gobierno le resta menos de seis meses). La medida ha sido motivo de crítica de varios de los candidatos a la presidencia. Tal parece que el Ejecutivo quiere terminar su gestión dando la imagen de mucha eficacia, pero lo que en realidad ha hecho es exonerar a esos proyectos de una serie de requisitos ( en las llamadas "Medidas de simplificación de exigencias legales") que pueden atentar contra la calidad y transparencia de la inversión.Por ejemplo, las certificaciones ambientales ya no son requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial; y los terrenos o edificaciones del Estado que se requieran para la concesión serán transferidos automáticamente por el titular a título gratuito y solo mediante decreto supremo.Si bien esta simplificación de procedimientos puede impulsar los procesos de concesiones, en aquellos que realmente sí requieren prioridad como son los energéticos, lo que debe quedar claro es el esquema de negocios que se quiere llevar adelante, a fin de evitar cuestionamientos e ineficiencias posteriores.La falta de claridad y transparencia ha sido un defecto que ha ensombrecido algunos de los casos más delicados. La concesión del muelle norte del Callao ha sido un claro ejemplo de cómo un proceso puede estar destinado al entrampamiento y ha terminado por judicializarse, lo cual podría poner en riesgo lo que a duras penas se ha avanzado. Habrá que esperar que los nuevos proyectos priorizados no sufran el mismo calvario (o peor) al contar con menos tiempo para su adjudicación. Atraer la inversión privada siempre será un objetivo positivo en tanto es fuente de producción y empleo, pero no por mucho madrugar amanece más temprano.