Sin marcha atrás. Desde el punto de vista legal, y como el Poder Ejecutivo lo ha ratificado, la reactivación de la protección patrimonial a las empresas azucareras Tumán, Pomalca y Cayaltí va en contra de la Constitución, por lo cual la protesta actual de los trabajadores de esas empresas serían medidas de fuerza en vano, señaló el abogado César Luna Victoria, del estudio Rubio, Leguía y Normand.Afirmó que las reuniones que ahora sostiene la Comisión Agraria del Congreso para evaluar si se amplía o no la protección a las azucareras pueden realizarse, pero luego correspondería otra vez al Poder Ejecutivo denunciar este hecho de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional."La inconstitucionalidad es que uno no puede dar normas especiales para tres empresas, las normas son generales", explicó.
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