El nuevo presidente del Poder Judicial, César San Martín, ha anunciado que, en breve, se implementarán varios ‘candados’ para evitar que jueces corruptos sigan abusando impunemente de las medidas cautelares y las acciones de amparo, con total desprecio por el orden constitucional y la normatividad vigente, afectando especialmente las inversiones y el sistema económico. Saludamos esta voluntad de cambio, pero debemos recordar que en los últimos años se prometieron iniciativas similares que fueron incumplidas escandalosamente, usando como escudo y pretexto la autonomía jurisdiccional, de la que hacen tan arbitrario y prevaricador uso algunos magistrados. Por lo mismo, aparte de dar directivas precisas, como se anuncia, y que podrían ser desoídas por malos jueces, tiene que fomentarse cambios formales en los códigos normativos que incluyan sanciones y destitución de los jueces que tuercen de modo tan vil instrumentos creados para garantizar derechos fundamentales.Ejemplos de estas inconductas delictivas hay por doquier: no solo discotecas que funcionan irregularmente con acciones de amparo, tras ser clausuradas, sino también proyectos de enorme envergadura y trascendencia como Majes-Siguas II, paralizados por controvertidas intervenciones judiciales, que ponen en entredicho incluso la facultad de gobernar del Ejecutivo. Además, centenares de naves pesqueras operan con licencias de pesca irregulares, gracias a medidas cautelares acogidas por jueces venales, principalmente de Sechura (Piura) y del Callao, que contravienen el sistema legal establecido por el sector Producción.Como puede verse, el tema es grave y delicado, y constituye una prueba de fuego para las nuevas autoridades judiciales, también las de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que deben actuar de modo permanente y dinámico para detectar, denunciar y castigar con la destitución a los jueces prevaricadores que han hecho del abuso de las acciones de amparo y las medidas cautelares un pingüe y despreciable negocio. No puede haber lugar para la corrupción judicial.