Nuevamente, debemos lamentar otra grosera intromisión judicial a través del abuso de acciones de amparo, en proyectos de gran envergadura, promovidos por el Gobierno que cumplen todos los requerimientos técnicos, administrativos y financieros que exige el marco legal.Ahora, sin más ni más, atribuyéndose funciones que no le competen, el juez mixto de la provincia de Espinar (Cusco), Prudencio Aymituma, ordenó la paralización del proyecto de irrigación Majes-Siguas II, por supuestamente haber desaprobado el estudio de impacto ambiental y el análisis de la oferta y demanda hídrica de la cuenca del río Apurímac. Incluso, y en contra de toda lógica, pues el proyecto ya fue licitado y las obras están por comenzar, ha ordenado que se realicen nuevos estudios. ¿Quién gobierna en el Perú? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar estas leguleyadas de magistrados que deshonran la toga judicial, invaden otros fueros y crean enormes lastres para el desarrollo nacional? Aquí lo que parece haber prevalecido es un mal entendido sentimiento de regionalismo, coincidente con el rechazo de un sector de la población de Espinar al proyecto de irrigación. Con este criterio, los dictámenes de los jueces tendrían que basarse, no en la ley y la Constitución, sino en encuestas y manifestaciones públicas a favor o en contra de cualquier causa, algo totalmente absurdo.Adicionalmente, es grave y sospechoso que dicho magistrado haya emitido su fallo poco antes de dejar su cargo, pues no ha sido ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Todo ello justifica la denuncia contra este juez ante la Oficina de Control de la Magistratura, y se espera una investigación exhaustiva y una sanción ejemplar. Entre tanto, tiene que buscarse una solución al problema subyacente que algunos quieren hacer aparecer como un enfrentamiento entre las regiones de Arequipa y Cusco. Es cierto que la oferta de agua es limitada en el país, lo que es fuente permanente de conflictos, pero en este caso precisamente la naturaleza del proyecto apunta al uso racional de ese recurso, que pueda beneficiar a los pobladores de ambos lados. Es mucho lo que se puede ganar con este proyecto macrorregional que, de modo conjunto, el empresariado de ambas regiones pondera positivamente. Como señala la Confiep en su comunicado, deben "promoverse propuestas técnicas y viables que utilicen canales institucionales para resolver las diferencias surgidas alrededor del proyecto". Por lo mismo, este no puede ser objeto ni de demagogia politiquera barata, pero tampoco de manipulaciones judiciales, cada vez más frecuentes, que exigen un pronunciamiento al más alto nivel del Poder Judicial, en uso y sin mella de su autonomía.