Por enésima vez tenemos que advertir sobre las grotescas intenciones de algunos líderes oficialistas que creen que el Estado es su coto privado. Esta vez fue el secretario general de Perú Posible, el congresista Gilberto Díaz, quien anunció sin sonrojarse que su partido colocará a los "profesionales y militantes humildes que en los últimos cuatro años no pudieron ingresar al sector público". Totalmente equivocados: Primero, porque el gobierno del presidente Toledo fue elegido para administrar y servir al Estado y no para utilizarlo como instrumento para pagar favores políticos. Segundo, la elección de l grupo congresal de la chacana se debió a un efecto de arrastre circunstancial y no a méritos propios de un movimiento que difícilmente tiene las características de un partido. Su organización, doctrina e ideología son aún temas abiertos a la especulación y al buen o mal humor de los dirigentes. Tercero, declaraciones como las de Díaz demandan, de la alta cúpula del Gobierno y de Perú Posible, un deslinde claro y enérgico. En tal sentido, la reacción del vicepresidente Waisman tiene que ser más radical y definitiva para desautorizar cualquier exceso de nepotismo o clientelismo político. Cuarto, esto último se torna aun más necesario y oportuno hoy, cuando a pocos meses de las elecciones se sigue creando programas polémicos de apoyo social directo. Estos no pueden convertirse en mecanismos de chantaje contra los más pobres ni tampoco en agencias de empleos para los peruposibilistas. Quinto, lo que todas estas falencias evidencian es la clamorosa falta de una reforma del Estado, que ordene sus dependencias, mejore su eficiencia y las blinde de cualquier repudiable manejo electorero, como el que se pretendería ahora. Finalmente, hay que recordar al presidente, al vicepresidente y al jefe del Gabinete que este Gobierno se ha comprometido a realizar elecciones imparciales y transparentes. Esto significa garantizar la labor de las observadores pero también mantener a raya a los militantes peruposibilistas, que pugnarán por una farra electorera y por copar prefecturas, gobernaciones y oficinas burocráticas para canjear apoyo estatal por votos. El país y la prensa independiente estarán atentos para denunciar cualquier exceso que comprometa la buena marcha del Estado y la justa alternancia democrática.