El ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, salió al frente ante la amenaza de voceros oficiosos del grupo Oviedo de paralizar la producción de azúcar en las empresa Pomalca y Tumán como represalia por no haber ampliado la vigencia de la ley de protección patrimonial, que venció el 31 de diciembre pasado. En ese sentido, afirmó que dichas empresas agrarias azucareras podrán acudir al Indecopi para acogerse a un programa de reestructuración de su deuda y así evitar los efectos del término de la vigencia de la Ley de Protección Patrimonial.