Peleando contra los molinos de viento que manejan megapetroleros mundiales -en actitud más candelejona que quijotesca- el gobierno dispuso hace un par de días una nueva rebaja al Impuesto Selectivo al Consumo, ISC, intentando impedir lo inevitable: otra alza de precio de los combustibles. Y ¿qué sucedió? Al día siguiente Petroperú y La Pampilla aumentaron por enésima vez el precio de los combustibles. Según declaraciones del presidente de la petrolera estatal, existe un atraso -subsidio en realidad- de 17 por ciento respecto al precio del petróleo a nivel internacional. Quizá la explicación oficial sea que gracias al llamado Fondo de Estabilización y a la reducción del impuesto se pudo atenuar este nuevo aumento de la gasolina movido en realidad por un petróleo a 65 dólares barril con tendencia al alza. Sin embargo, como señalamos en comentario anterior, "¿Acaso somos un país rico? ¿De cuándo acá existe ahorro interno para crear ´fondos´ de esa -o de cualquier otra- naturaleza si vivimos endeudado y hasta pidiendo donaciones internacionales? Es irresponsable hacerle creer al país que está preparado para evitar nuevas alzas de combustibles con medidas como esa que no sólo jamás compensará la volatilidad del mercado petrolero, sino que hará temblar al Fisco cuando recabe menos impuestos. El tema petrolero es pues una bomba de tiempo. Sin embargo el gobierno sigue dándole la espalda. Sin ir muy lejos, el presidente de Petroperú -empresa que tanto el Ejecutivo como este Congreso decidieron que siga siendo estatal- acaba de precisar que podría cerrar si no se moderniza, si no hace los trabajos de ampliación de la refinería de Talara y si no logra reducir sus costos, para lo cual requiere aliarse con un socio estratégico que le inyecte 500 millones de dólares para llevar adelante su modernización. Es decir, por un lado el establishment decide que Petroperú continúe en manos del Estado; sin embargo, el Ejecutivo no le asigna los recursos que necesita, seguramente porque el Fisco no los tiene. Ante ello el presidente de la petrolera del Estado propone alianzas con inversionistas privados. De otro lado, llama la atención la imprudente indecisión del Ministerio de Energía y Minas para promulgar un decreto de urgencia que permita a Petroperú recuperar parte de sus ingresos -los que generan varias de sus unidades entregadas hace casi una década en concesió-, recursos que en la actualidad recibe directamente el Tesoro Público y no la empresa propietaria de los bienes. ¿Hasta cuándo no define el gobierno el camino que tomará el país ante la grave crisis petrolera?. Luis García Miró.