El ejecutivo presentó un proyecto que ordena la normativa constitucional para el caso de empresas extranjeras interesadas en adquirir minas, tierras, bosques, aguas, combustible o fuentes de energía dentro de los 50 km de la zona de frontera, en casos de necesidad pública. El proyecto explica que hay una falta de de desarrollo constitucional que no permite tener reglas claras para la seguridad jurídica de empresas extranjeras en zonas de frontera.El planteamiento del ejecutivo señala que la necesidad pública deberá sustentarse con información del proyecto presentado por la empresa extranjera, el nivel de inversión, las garantías para asegurar la ejecución, el impacto socioambiental en la zona, así como el análisis del costo-beneficio para el país.
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