Con la cancelación del proyecto de inversión en Huambo, ubicado en Recuay, "se está violentando la seguridad jurídica del país", debido al accionar de grupos de agitadores que se oponen a ese emprendimiento con intenciones eminentemente políticas, afirmó el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg.Manifestó además que Chancadora Centauro cumplió con los requisitos legales para operar (aprobó la Declaración de Estudio Ambiental), y obtuvo la licencia social de la comunidad campesina de Huambo para la exploración en dos concesiones, que ya habían generado entre 250 y 300 puestos de trabajo en una localidad de extrema pobreza.