De inconstitucional, inaplicable y "ley" mordaza, fue calificada ayer por juristas y políticos la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que establece sanciones penales a los periodistas o medios de prensa que publiquen información de interés público procedente de interceptaciones de las comunicaciones.Los únicos que están a favor son ex ministros y políticos vinculados al actual gobierno. Incluso al interior del TC creció la resistencia al fallo: ahora cuatro magistrados están en contra de censurar a la prensa, lo que deja solo a tres miembros como defensores del fallo."El fundamento 23 de la sentencia del TC rompe con la lógica de la Constitución que garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información sin ninguna restricción ni censura", explicó el ex decano del Colegio de Abogados de Lima Walter Gutiérrez.