Contra viento y marea, el presidente Alejandro Toledo, acompañado por los mandatarios de Brasil y Bolivia Luiz Inácio Lula da Silva y Eduardo Rodríguez, inauguró ayer las obras de la carretera Interoceánica, que unirá tres países y diez regiones peruanas sureñas. Sería mezquino desconocer las bondades de un proyecto de tal envergadura, que busca potenciar las posibilidades de comunicación y desarrollo económico de una zona históricamente atrasada, sobre todo en la selva, y crear un nuevo eje de integración internacional. Así lo reconocen, fuera de todo formalismo protocolar, no solo las autoridades regionales y locales peruanas sino también los presidentes extranjeros. Sin embargo, debemos insistir en la necesidad de que el planeamiento y ejecución de este proyecto esté libre de cualquier sospecha de malos manejos o falta de transparencia, precisamente para no desvirtuar su colosal finalidad. Y, ya que se exoneró dicho proyecto de la obligación de pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), entidades como la Presidencia el Consejo de Ministros, el MEF y Pro Inversión deben estar prestas a alcanzar a los organismos contralores toda la información necesaria para levantar las objeciones esbozadas. A propósito, hay que llamar la atención sobre algunas cláusulas de los procesos de concesión, que prohíben participar a las empresas que tengan alguna demanda judicial (lo que es demasiado común en nuestro medio), cuando lo más lógico sería focalizarse en una eventual sentencia por alguna irregularidad. Y por supuesto, no debe descuidarse los obligaciones de preservación del medio ambiente y de crear empleo en la zona sur. La Interoceánica es, pues, una prioridad estratégica para el Perú y también para nuestros vecinos. Por lo mismo debe seguir adelante con la supervisión y fiscalización necesarias para que se cumplan rigurosamente las metas financieras, operativas, sociales y, por supuesto, económicas, de esta nueva alternativa integradora.