La democracia degenera en demagogia cuando es el Estado el que fija los precios de los servicios públicos, y más aun cuando nos acercamos al período electoral.Congresistas, invadiendo atribuciones ajenas, pretenden derogar un decreto supremo que precisa parámetros para que Osinerg determine las tarifas eléctricas. ¿Por qué lo hacen? Porque esta es una brillante oportunidad para exhibirse ellos, como defensores del bolsillo popular, oponiéndose al incremento de las tarifas. Por supuesto, también es cierto que las empresas estuvieron demandando un alza en las tarifas, a fin de justificar necesarias inversiones en nuevas plantas.Pero, más allá de si el alza es necesaria o no, si el Estado fija las tarifas, las empresas pujarán siempre por un alza. Si le pueden sacar una tajada mayor, lo harán.Por eso la mejor solución es liberalizar ese sector, dejar que sea el mercado, la competencia, la que fije los precios. Así nos ahorramos tanto la presión rentista de las empresas como la demagogia de algunos políticos. En la actualidad casi la mitad de la generación eléctrica se transa libremente, pero solo pueden comprar así unas 250 grandes empresas. Habría que ir bajando la valla, para que los pequeños usuarios puedan optar entre diversas empresas comercializadoras de electricidad.Mientras no se llegue a eso, es indispensable tener parámetros objetivos e irrefutables para evaluar si se necesita o no incrementar tarifas. ¿Tiene sentido que se incluya como parte de la demanda de electricidad la demanda externa (en este caso, la de Ecuador, que está a punto de incorporarse)?Obviamente sí lo tiene. Carece de sentido segregar un tipo de demanda por su origen. Y precisar que una condición necesaria para incluir un proyecto en la oferta es que tenga concesión, parece también obvio.Como fuese, la Comisión de Energía del Congreso podría invitar al ministro a discutir si los mencionados parámetros son técnicamente correctos, pero lo que no puede hacer es pasar directamente a la acusación difamatoria partiendo del supuesto de que actúa por encargo de las empresas simplemente para aumentar abusivamente sus ganancias, de las que, queda implícito en la acusación, el ministro cobraría una parte.El Congreso no puede sustituirse a la autoridad técnica para fijar tarifas con criterio político. Cuando la demagogia decide los precios de los servicios públicos, terminamos en escasez absoluta por ausencia de inversión. Es la turba, una vez más.El problema es que ello es casi inevitable cuando es el Estado quien fija los precios. Por eso, la manera de eliminar tanto la tentación demagógica como la presión mercantilista es entregarle la decisión al mercado, señala el periodista Jaime de Althaus, en su columna "Rincón del autor".
- [El Comercio,Pág. A 4] /