El fin no justifica los medios: Puede ser loable el objetivo de promover el aseguramiento universal en salud, pero vincular esto como condición para otorgar créditos bancarios es una medida equivocada que afecta derechos fundamentales y traería más perjuicios que beneficios.En primer lugar, afectará a los trabajadores independientes e informales, que representan el 60% de la población económicamente activa (PEA). Según el ministro de Salud, Óscar Ugarte, siete millones de personas no cuentan con ese tipo de seguro.Además, y como lo ha advertido Asbanc, se volvería más lento el proceso de bancarización, que apenas llega al 23%, uno de los más bajos de la región. Del mismo modo, representa una barrera burocrática, cuando lo deseable es simplificar los trámites.Ante esta situación, cabe respaldar el pedido de la SBS y del propio titular del MEF, Ismael Benavides, para que el Poder Ejecutivo revise y derogue esa norma y busque otros mecanismos para promover el aseguramiento universal.