Es lamentable que el proyecto minero Tía María siga paralizado por la absurda e injustificada oposición de un grupo de pobladores del distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Arequipa, a pesar de que la empresa se ha avenido a una serie de exigencias.La Autoridad Nacional del Agua acaba de aprobar la propuesta para usar el agua de mar en las operaciones, con lo que se descarta la utilización de recursos del río Tambo y de la napa freática. Así, se evitará cualquier afectación al agro y la ganadería de la zona, con emisiones, efluentes o relaves, lo que era una preocupación de los comuneros.Hay que ver lo positivo. Debemos recordar que este proyecto contempla una inversión de US$1.000 millones, que además de generar ingresos por canon de US$89 millones anuales, dinamizará la economía regional y promoverá la creación de miles de empleos.En este delicado contexto, reiteramos nuestra invocación al diálogo y la cordura, para que este caso no se convierta en un conflicto social más en el país. Deben retomarse los canales de comunicación entre la empresa Southern Perú y las comunidades, y en ello los alcaldes y presidentes regionales tienen que asumir su responsabilidad, y no ponerse al frente de las campañas de rechazo al proyecto por simples fines politiqueros.El Gobierno, con la colaboración de la Defensoría del Pueblo, tiene que agotar todos los medios posibles para explicar la naturaleza del proyecto y dar todas las garantías a los pobladores. La inversión privada es la base del desarrollo económico del país, por lo que debe ser apoyada, siempre y cuando respete el marco legal y los derechos comunitarios y medioambientales.