"[El procurador para casos de terrorismo, Julio Galindo] ha solicitado una investigación [contra la jueza Jéssica León, que liberó a Lori Berenson], eso tiene que llevarse a cabo, es indispensable", informó ayer la ministra de Justicia, Rosario Fernández. A su salida de la reunión del Consejo de Ministros llevada a cabo en Palacio de Gobierno, sostuvo que la magistrada no ha aplicado la ley y ha actuado de manera errada y arbitraria al otorgarle a la estadounidense la libertad condicional pese a que esta no ha cumplido las tres cuartas partes de la pena impuesta. Fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que la jueza León sería demandada por prevaricato; es decir, por supuestamente no haber cumplido lo que señala la ley. La ministra también mostró su preocupación por la posibilidad de que un grupo de condenados por terrorismo pueda salir de prisión. "Yo misma advertí públicamente [sobre ese riesgo] porque existe hasta 12 solicitudes judicializadas de sentenciados que han pedido acogerse al beneficio penitenciario de la libertad condicional que establecía el [ya derogado] Decreto Legislativo 927", manifestó.