En el colmo de la desfachatez, el Grupo Renco -accionista mayoritario de Doe Run- invocó al Estado peruano a asumir las demandas que los pobladores de La Oroya interpusieron a la metalúrgica en Estados Unidos, y hasta el momento el gobierno ha preferido guardar un sospechoso silencio.Lo más preocupante son los argumentos del Grupo Renco. La empresa norteamericana asegura que "el Estado peruano se comprometía a asumir toda responsabilidad derivada de las demandas por lesiones o daños relacionadas con la contaminación proveniente del complejo de La Oroya".La Red Muqui analizó a detalle los contratos firmados y concluyó que el Grupo Renco, con argucia jurídica, pretende demostrar que sus prácticas han sido mejores que las de Centromin, anterior administrador de la fundición, y eludir así su responsabilidad.