El Perú tiene una figura legal sui géneris llamada "canon" que de alguna manera contradice el principio constitucional de que los recursos naturales son de la Nación. Por un lado, la Constitución señala que los recursos naturales son de todos y, por el otro, establece que la zona productora de recursos naturales recibirá un dinero producto del canon, diferenciando la región de donde se extrae el recurso del resto del país.Como nos enseñan a los estudiantes de Derecho en la universidad, cuando hay alguna supuesta contradicción en la Constitución, debemos tratar de leerla integrando ambos conceptos y no pensar que hay un error. Así las cosas, debemos entender que si bien los recursos naturales en suelo peruano son de todos, se devuelve parte de lo que se recibe por su explotación al lugar de donde sale el recurso. ¿Para qué? Para que la calidad de vida del poblador de la zona donde se extrae el recurso pueda mejorar durante el periodo de la explotación y también para que una vez extraído el recurso haya alguna otra fuente de ingresos que pueda en algo sustituir lo explotado.El canon no fue antes un problema porque los precios de los minerales y el petróleo eran bastante menores a los actuales; porque el porcentaje que se repartía como canon era menor en sí mismo; porque las empresas eran bastante más chicas y no producían tanto; y porque las zonas productoras no eran tan independientes como lo son ahora las regiones.Hoy tenemos regiones que se distinguen del país por sus enormes recursos producto del canon: Áncash y Cusco son ejemplo de ello. Antamina y Camisea lo han hecho posible. ¿Ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de dichas regiones? No como debiera. Con ello en mente, el Ejecutivo, apoyado por un estudio técnico serio que sea compartido y consensuado con las regiones, debería plantear un canon acorde con los tiempos para mejorar la vida de los pobladores.El dinero proveniente del impuesto a la renta que pagamos todos los peruanos va al Tesoro Público para repartirse en todo el país con criterios de población y necesidad. La mitad de lo que pagan mineros e hidrocarburíferos -casi la mitad del impuesto a la renta que se genera en el país- no entra a las arcas públicas y se devuelve a las zonas productoras. ¿Se gasta eficientemente? ¿Se vive mejor en esas zonas? Si no es así, ¿hay algún responsable? ¿Cuándo nos atreveremos a cambiarlo? ¿Lo plantearán los candidatos? Veremos, señala Cecilia Blume.