A la Comisión de Justicia del Congreso ingresaron hace 12 días dos proyectos que buscan modificar el artículo 162 del Código Penal, referido a la interceptación telefónica. Lo preocupante es que, bajo el pretexto de endurecer las penas a los ‘chuponeadores’, esas propuestas intentan establecer sanciones y fuertes multas contra los medios que difundan informaciones obtenidas de manera ilegal, lo cual puede convertirse en amenazas contra la libertad de prensa, alertaron algunos congresistas y hombres de leyes.En uno de los proyectos, presentado por Javier Bedoya de Vivanco, de Unidad Nacional, se incluye en la comisión del delito "a quien difunda una comunicación privada" y se señala que tendrá una pena de cárcel de hasta cuatro años.En el otro, promovido por Walter Menchola, de Alianza Nacional, no se contemplan penas de cárcel para los que difundan la comunicación privada, pero sí multas entre 180 mil y 360 mil soles, y hasta decomisos de equipos y revocación temporal de la concesión y autorización de las señales de transmisión.