Este año, hemos editorializado hasta en tres oportunidades sobre los graves problemas que atraviesa la seguridad ciudadana en el país. Pero lo seguiremos haciendo, pues más allá de palabras, buenas intenciones y acciones aisladas, es claro que no hay una política sólida del Gobierno para enfrentar al flagelo de la delincuencia.El primer ministro, José Antonio Chang, llevó este tema como ‘caballito de batalla’ en su presentación ante el Congreso a inicios de este mes. Pero poco es lo que se sabe de la estrategia a seguir, sobre todo en un sector por el que el gobierno ha tenido poco acierto con seis ministros del Interior a cuestas.La Defensoría del Pueblo presentó ayer en su último informe sobre supervisión de las comisarías, cifras que reflejan una realidad patética de cómo la Policía enfrenta la inseguridad. Nos preocupa saber que contamos con una fuerza del orden carente de tecnología frente a la modernidad y nuevas estrategias utilizadas por las bandas, y por el cada vez más grande delito común y callejero.El informe defensorial revela que la Policía está incomunicada. El 53% de las comisarías no cuenta con acceso a Internet, el 63% no tiene enlace con el Reniec, mientras que el 59% está desvinculado de la base de datos de requisitorias de la propia PNP. Es decir, un policía podría hablar con un delincuente sin saber que lo es y sin tener la posibilidad de saberlo. Resulta poco más que increíble esta situación, sobre todo si se tiene en cuenta de que en los últimos años el presupuesto del Ministerio del Interior creció en 37%, pero hasta agosto solo había gastado el 14% de su de sus S/. 291 millones para combatir la inseguridad.Esperamos que la próxima alcaldesa tome la decisión de combatir la inseguridad ciudadana. Hay que asumir responsabilidades en este campo. Tanto Susana Villarán como Lourdes Flores se comprometieron en sus planes de gobierno a tener papel protagónico en esta tarea. La ciudad espera que así sea.Pero también espera decisiones políticas del más alto nivel, por lo que resulta urgente que los candidatos presidenciales incluyan en sus planes proyectos concretos contra este flagelo que cada año mueve más de S/. 45 mil millones.
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