La información publicada ayer en Perú.21 que da cuenta de la posible alianza que formaría el Movimiento pro Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), conformado por ex senderistas liberados, con el Partido Etnocacerista, liderado por Antauro Humala, ha dejado en evidencia el vacío legal que existe en nuestro país para impedir que personas que han atentado contra el Estado de derecho pretendan asumir algún cargo público. Consultados por este diario, congresistas de diversas bancadas coincidieron en que, si bien existe un proyecto de ley que plantea la inhabilitación de por vida para funcionarios que han cometido delitos contra la administración pública, no se ha estudiado el caso de quienes, como los terroristas, atentaron contra la vida democrática del país. En ese sentido, el parlamentario fujimorista Rolando Souza dijo que "se piensa que, dentro de los males del Estado el principal es el de la corrupción pero, si bien es importante, no es el único. No se debe esperar que se cristalicen estas ideas de estos grupos que atentaron contra el Estado". Una de sus propuestas es formar una mesa de diálogo con las diversas agrupaciones políticas del país y debatir el tema, "aunque en época electoral es difícil que se logre algo", reconoció.