La transnacional Doe Run tiene en el Perú triste recordación. Larga es la lista de los incumplimientos en que ha incurrido respecto de sus compromisos contractuales con el país, sus trabajadores, acreedores, proveedores y sobre todo la comunidad de La Oroya, víctima directa del daño ecológico que el procesamiento de metales le ha provocado. Por eso no debería sorprendernos que, en un zarpazo más, la empresa pretenda trasladar sus pasivos al país que prácticamente estafó. ¿De qué otra manera puede entenderse que ahora exija al Estado Peruano asumir corresponsabilidad sobre los problemas de salud de un grupo de pobladores de La Oroya que hace un año interpusieron ante la justicia estadounidense once demandas contra Renco Group, la propietaria de Doe Run?Como no podría ser de otro modo, dichas demandas han sido admitidas por los tribunales de Estados Unidos que deberían penalizar a la empresa para que, en defensa de la vida de las víctimas, cumpla con indemnizarlas por la contaminación que sufrieron en el complejo metalúrgico. Lo que la justicia no debe hacer es caer en esta nueva trampa de Doe Run que, además de haber desconocido las condiciones beneficiosas que se le otorgaron para seguir operando, ahora pretende que otros paguen por sus consecutivas intemperancias.Pero hagamos memoria. Doe Run Perú, filial de la transnacional, dejó de operar en abril del 2009, luego de incumplir la última prórroga que le dio el Gobierno para reanudar sus operaciones en julio pasado. Y a esa situación se llegó después de haber exigido inadmisibles reglas de juego medioambientales y tributarias para, entre otros asuntos, postergar la realización de los PAMA.Qué decir de la manera como se aprovechó de la confianza de sus trabajadores que la defendieron confiados en las posibilidades que ofrecía y nunca cumplió. Del mismo modo, sus acreedores -privados y del Estado, que nunca cobró impuestos impagos- también podrían dar testimonio de la laberíntica Doe Run.Por eso resulta irrisorio que recién ahora Renco Group involucre a la empresa estatal Activos Mineros, responsable de remediar daños ambientales provocados por empresas del Estado, de la contaminación de La Oroya. Si bien es cierto los desequilibrios ecológicos del complejo metalúrgico son antiguos, también es cierto que Doe Run estuvo en la zona doce años en los que la producción se duplicó y las emisiones fueron mayores.