Quince nuevos conflictos sociales originados tras las elecciones regionales y municipales 2010 fueron detectados por la Defensoría del Pueblo. La mayoría de estos casos se debe a cuestionamientos por la reelección de la autoridad local en medio de denuncias por supuestos electores golondrinos. Los conflictos electorales más graves se han presentado en las provincias de Atalaya (Ucayali) y Sullana (Piura), donde, a causa de la violencia generada, el personal de las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) se trasladó a otra ciudad y quedaron suspendidos los procesos de cómputo de actas en esos distritos electorales.Según el último informe de la defensoría, en setiembre se registraron 171 conflictos activos (68%) y 79 en estado latente (32%). Además, se da cuenta de 23 acciones colectivas de protesta en todo el ámbito nacional y un ataque terrorista.