El 21 de julio último el Ejecutivo dio sus 23 motivos para no promulgar la ley general del ambiente.En una carta dirigida la Comisión de Ambiente del Congreso, el presidente de la República, Alejandro Toledo, decía alos parlamentarios (también a todos los ciudadanos) que si los estándares de calidad ambiental tenían en cuenta los de la Organización Mundial de la Salud o se facultaba al Consejo Nacional del Ambiente (Conam) funciones fiscalizadoras, se atentaría contra la "seguridad jurídica de la inversión privada".En las 23 razones el gobierno solo apelaba a la protección de las inversiones en el país.Pero no todo está dicho. Los nuevos miembros de la Comisión de Ambiente del Congreso, directivos del Conam, representantes de los sectores Energía Y Minas, Pesquería e Industrias y directores de ONG han sostenido varias reuniones en las que se han analizado cada uno de esos peros.La conclusión: solo cuatro de las 22 observaciones planteadas por el Ejecutivo serán tomadas en cuenta.
- [El Comercio,Pág. A 8] /