Las empresas que construirán la carretera interoceánica (Odebrecht, Graña y Montero y Queiroz Galvao) tienen juicios pendientes con el Estado. Por lo tanto, según establecen las bases del concurso, están impedidos de firmar nuevos contratos, ratificó que el contralor Genaro Matute, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.Tal como adelantó Perú.21, el funcionario confirmó que se hizo esta advertencia a Proinversión el 4 de agosto, día de la firma del contrato en Palacio de Gobierno. "Hasta la fecha, no hemos recibido información sobre por qué decidieron firmar el contrato a pesar de la advertencia", remarcó Matute.Sostuvo que es responsabilidad de Proinversión actuar sobre este tema. "De acuerdo con lo que dicen sus propias bases, ellos tendrían que suspender o eliminar el contrato, porque se ha identificado que las empresas no estarían en condiciones de firmarlo", comentó.
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