El presidente Alan García promulgó ayer una ley que modifica varios artículos del Código Penal, con el propósito de reprimir actos contra las instalaciones o infraestructura de los servicios públicos. La norma dispone que el hurto agravado de bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de uso público será sancionado con no menos de cuatro ni más de ocho años de prisión.La medida abarca a la infraestructura destinada a la prestación de servicios de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones. Si se trata de actos contra vehículos automotores o sus partes importantes, la sanción será no menor de dos ni mayor de cinco años de prisión, y de 60 a 150 días multa.La misma sanción se aplicará si la conducta recae sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transporte de uso público, sus equipos o elementos de seguridad, así como los destinados a la prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones.(Edición sábado).