ARMA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Gobierno ha dado un paso muy importante y decisivo en su ardua lucha para combatir la corrupción en todos los estamentos de la administración pública. A partir de la fecha, se aplicará de inmediato el nuevo Código Procesal Penal (CPP) en los 29 distritos judiciales del país a los funcionarios que estén inmiscuidos o que hayan cometido delitos de corrupción, sin menoscabo del debido proceso, pero con suma celeridad y eficacia. Al dar a conocer los alcances y beneficios para la sociedad peruana de la nueva ley que adelanta la vigencia de dicho código, el presidente de la República, Alan García Pérez, explicó que la norma no se aplica solo a futuro, sino que abarcará a los mil funcionarios que la Contraloría General de la República tiene denunciados, sin que hasta la fecha hayan sido procesados. En bien de los intereses de la Nación, el CPP tiene las ventajas de la rapidez de los plazos, la oralidad y la transparencia en el proceso, al punto que los acusados -resulten estos culpables o inocentes- serán sentenciados en unos días y hasta en horas si el acusado acepta su delito. Así quedarán atrás los laberintos legales que permitían a los funcionarios acusados permanecer en el ejercicio de sus funciones, incluso seguir actuando con impunidad, mientras los procesos pendientes se prolongaban por meses y por años, lo cual, además de ser injusto y absurdo, dañaba gravemente la imagen del Estado ante la ciudadanía. Por esta ley, el Estado tendrá derecho asimismo a publicar el registro de funcionarios sentenciados para que sea de conocimiento de toda la Nación. La vigencia de esta nueva ley forma parte importante del Plan Nacional Anticorrupción que ejecuta el Gobierno, en el marco de una amplia estrategia orientada a desalentar, prevenir y sancionar con toda severidad los casos de corrupción presentes y futuros, en la medida en que esta lucha debe ser una política de Estado permanente. Otra acción contundente de dicho plan está orientada a fortalecer la capacidad y autonomía de la Contraloría General de la República para investigar y aun sancionar los casos a su cargo. El Jefe del Estado promulgó recientemente otra norma para otorgar a la Contraloría la facultad de designar a los jefes de las oficinas de Control Interno de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y encargarse directamente de las investigaciones pertinentes. Entre otros esfuerzos relacionados con la lucha contra la corrupción figuran la conformación de comisiones de ética, apertura de oficinas de orientación y recepción de denuncias, links de denuncias en los portales de los ministerios, el portal de transparencia, entre otros. Destaca finalmente el llamado formulado por el presidente Alan García a toda la ciudadanía, para rescatar los valores éticos y morales en nuestra sociedad, combatir el delito y la violencia familiar. La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos los peruanos.