El presidente Alan García parece estar empeñado en corregir en los diez meses de gestión que le quedan los dos temas que, según su propia autocrítica, han flaqueado en su gestión: la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Sobre este último talón de Aquiles de su gobierno, el presidente recordó ayer las medidas que ha impulsado en las últimas semanas para reforzar la labor fiscalizadora del a contraloría y anunció la promulgación de la ley que permitirá adelantar la vigencia del Código Procesal Penal para casos de corrupción en los que estén involucrados funcionarios públicos. "Están notificados los pillastres, los pilluelos, los que negocian la licitación, los que se roban las cosas grandes o pequeñas, y todos los que incurren en concusión, en peculado o en corrupción de funcionarios serán juzgados drásticamente y velozmente", señaló el presidente. Efectivamente, una de las mayores bondades de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal es la celeridad que los fiscales y jueces pueden aplicar para sancionar a los funcionarios públicos que incurran en delitos de corrupción "Esto es esencial para la vida democrática y la salud de la República [...] eso significa que todos estos pandilleros y miserables que cometen delitos, que se cargan las cosas, pueden ser sancionados de inmediato", señaló el presidente quien consideró que cuando la justicia tarda la sensación de impunidad crece. Y es que mientras que los procesos están en curso los funcionarios públicos acusados de corrupción siguen en sus puestos. "Este es un día muy importante para el país por las disposiciones que en la fecha se toman en la lucha contra la corrupción anterior y futura [...]. Es nuestro empeño demostrar nuestro compromiso claro con la lucha contra la corrupción", afirmó.