Tenemos que concluir en que los conflictos sociales representan uno de los terrenos más pantanosos de la gestión pública, en el cual la acción del Estado es sumamente deficitaria. Prueba de ello son la retahíla de problemas que ha enfrentado a diferentes instancias de gobierno con un conjunto de comunidades y centros poblados, en lo que va del presente régimen.Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, en junio pasado hubo 250 conflictos en el país y en julio 248 -de estos 168 se hallaban activos y 80 en estado latente-. En agosto se redujeron a 125 -cifra todavía elevada-, de los cuales el 51% estaban relacionados con problemas socioambientales, en su gran mayoría causados por la minería.Lo último son las protestas en Espinar, Cusco. La población está en contra del proyecto de irrigación Majes-Siguas II, en el entendido de que esa inversión reducirá el caudal del río Apurímac, que abastece a la provincia cusqueña. Ayer se entregó la buena pro de ese proyecto al consorcio Angostura-Siguas, integrado por Cobra Instalaciones de España y la peruana Cosapi, aunque ello no implica que los desacuerdos con los pobladores se hayan resuelto definitivamente en un tema por demás delicado, como es el buen y mal uso del recurso hídrico. Casos como este nos recuerdan la falta de una política eficiente de prevención de conflictos que revalorice el factor oportunidad y que actúe de manera coherente y sostenida frente a problemas que deberían solucionarse antes de que estallen y se conviertan en crisis inmanejables. Evidentemente, en la beligerante coyuntura electoral que el país vive, no se puede descartar que algunas autoridades municipales y regionales estén más preocupadas por llevar agua para su molino y captar votos, que por prevenir conflictos. Corresponde al Gobierno Central adelantarse a estos artilugios, sobre todo porque cualquier disturbio, huelga o paro regional podría alterar el clima de tranquilidad que el país necesita ad portas de los comicios de octubre o, incluso, podría ponerlos en riesgo. La labor del Ejecutivo, en todo caso, debería ser instaurar el diálogo como norma y, luego, poner en evidencia a los gobiernos locales y regionales que evaden su responsabilidad ineludible de actuar preventivamente. Después de todo, ellos se hallan más cerca de los actores involucrados, de las causas que originan los problemas y de las soluciones para evitar situaciones límite. En el caso de Espinar, por ejemplo, el Gobierno dispuso hace dos días el desplazamiento de las Fuerzas Armadas a la provincia cusqueña en apoyo de la Policía Nacional, aunque hubiera sido más efectivo acudir a la mesa de diálogo. Actuar preventivamente implicaba hallar una salida en el entorno de la Asociación Nacional del Agua, dialogar con los inversionistas y acordar con la población la ampliación del cauce del río Apurímac (afianzamiento hídrico), mediante el cual se busca impedir que la zona se vea afectada por la construcción de la represa de Angostura.Como hemos reiterado en esta columna, los conflictos sean grandes o pequeños, pueden colocar al país al borde de la crisis política, sobre todo en épocas electorales. No lo olvidemos.