Es realmente tarde para que el Congreso de la República pretenda ahora postergar la realización del próximo referéndum regional. La consulta popular, programada para el 30 de octubre, tiene que cumplirse indefectiblemente en la fecha señalada para no seguir retrasando más la necesaria fusión de 16 gobiernos regionales (hoy departamentos) en cinco macrorregiones.Puede aducirse que existen problemas de información y de orden burocrático para llevar adelante el referéndum. Igualmente, está prevista la posibilidad de que haya pobladores que decidan mantener las cosas tal como están, es decir, que rechacen la fusión. Pero ello no debe llevar a los congresistas a retroceder en un proceso, iniciado hace tres años y que no puede detenerse, simplemente, por mero cálculo político, como ahora se evidencia.Llama particularmente la atención que principalmente parlamentarios del Apra no solo defiendan la idea de postergar la consulta para junio del 2006, coincidentemente con la segunda vuelta electoral, sino también un cambio en las reglas de juego del proceso de integración de las regiones.¿Por qué no plantearon dicha propuesta antes, cuando respaldaron abiertamente la descentralización? ¿O por qué no se pronunciaron a comienzos de este año, en lugar de negarse a discutir los alcances del apretado calendario electoral, como lo solicitó en su oportunidad la ONPE? ¿Por qué subsiste la percepción de que este Congreso está manejando los temas electorales --incluyendo el asunto de la valla del 5%-- en concordancia con intereses políticos más que de acuerdo con los intereses de la población que apoya la integración? ¿O es que pretende patear el tema indefinidamente, sin enfrentar sus dificultades, como ya sucedió en la década de los 80?Más que postergar la regionalización, corresponde impulsar una intensa campaña informativa que explique al ciudadano los alcances del referéndum. En lo mismo, los presidentes regionales deberían reparar en los beneficios económicos que ofrecerá la creación de macrorregiones. Además deberían tomar en consideración que postergar la consulta implicaría relegar la descentralización a un segundo plano, ante la realización de los comicios generales de abril y las elecciones regionales de noviembre.